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I. Introducción
El cambio climático es uno de los retos socio-ambientales de mayor impronta al que se enfrenta la sociedad actual (Jacobs et al., 2022; Martí et al., 2021; Muñoz et al., 2020). El siglo XXI es el siglo de la sostenibilidad ambiental y de la lucha contra el cambio climático (Marques et al., 2022; Romero & Olcina, 2021). El proceso actual de este fenómeno a escala planetaria es una evidencia avalada por datos científicos (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022). El calentamiento global se ha visto agravado por las acciones del ser humano como indica el Sexto Informe del IPCC (2022). En dicho informe se alerta del impacto que puede tener este fenómeno global si no se llevan a cabo acciones de mitigación y adaptación a corto-medio plazo. Como explican Arnell et al. (2019) y Pausas y Millán (2019), este fenómeno tendrá efectos diversos según territorios y sociedades receptoras (Pérez-Morales et al., 2022). Es un riesgo global que requiere la acción concertada de toda la sociedad (González-Gaudiano et al., 2020). Junto a otros problemas de escala planetaria (pandemias, migraciones, pobreza, terrorismo, guerras, etc.), el calentamiento global se convierte en un eje principal de las políticas públicas y acciones privadas (Morote & Olcina, 2022).
El cambio climático actual es un proceso de anormal calentamiento térmico de la troposfera terrestre generado por la emisión de gases de efecto invernadero procedentes, principalmente, de la combustión de fuentes de energía fósil (IPCC, 2022). Este fenómeno, se institucionaliza, oficialmente, a finales de los años ochenta del pasado siglo, aunque desde finales del siglo XIX algunos autores ya señalaban la relación entre la presencia de CO2 en la atmósfera terrestre y su posible efecto en la temperatura del aire (Arrhenius, 1896). La solución principal para esta cuestión es evidente: disminuir la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El cambio climático supone el reto más importante para el desarrollo económico del presente siglo en todo el planeta y uno de los riesgos más destacados para la población por las consecuencias de los extremos atmosféricos más frecuentes e intensos previstos en las proyecciones climáticas para las próximas décadas. Algunos informes de proyección económica para el presente siglo señalan que la pérdida económica, en porcentaje de PIB anual, alcanzaría entre el 5-7% anual a finales de siglo, si no se alcanza el objetivo de contención de subida térmica planetaria en 2ºC (European Commision, 2020; Feyen et al., 2020).
Si se tiene en cuenta la necesidad de la adaptación de la ordenación territorial a la dinámica socio-económica y ambiental, el cambio climático va a condicionar la planificación del territorio, cuestión esta que debe convertirse en una herramienta eficaz de adaptación al cambio climático (Olcina et al., 2018). La pérdida de confort térmico que se prevé en las próximas décadas puede encontrar en el diseño de edificios (arquitectura bioclimática) o de zonas verdes en las ciudades un elemento de reducción de su impacto. Por su parte, el aumento en las lluvias intensas y los procesos de inundación que se manifiesta ya en varias regiones del mundo debe mitigar sus efectos con propuestas de ordenación territorial basadas en el uso de cartografías de riesgo y delimitación precisa de áreas donde no plantear usos intensivos del suelo por su elevada peligrosidad. Sin olvidar los efectos que el calentamiento climático está teniendo en zonas costeras por la subida del nivel del agua del mar y que va a condicionar actuaciones territoriales en las áreas litorales durante las próximas décadas (Oliva & Olcina, 2022).
El calentamiento global ha logrado captar el interés de la sociedad, y quizá, cada vez más, el ser humano sea consciente de la necesidad de actuación (Gutiérrez-Pérez et al., 2020). En los últimos años se han llevado a cabo diferentes contribuciones en las que se pone de manifiesto que una de las medidas para mitigar sus efectos pasa por la concienciación (Cruz & Páramo, 2020; Eilam, 2022; Méndez et al., 2020; Morote & Olcina, 2022). Este interés fue reconocido ya en el Protocolo de Kioto (1997) (Artículo 6), y reafirmado en el Artículo 12 del Acuerdo de París (2015) donde se pone de manifiesto la importancia de la educación para modificar los hábitos a largo plazo y el fomento de una mejor comprensión y capacitación para entender este fenómeno y sus efectos (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO] & United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC], 2016). Asimismo, el IPCC, en su Quinto Informe (2014) también dejó constancia de ello, al igual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015) en la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]) donde se explica que la educación es una de las herramientas más eficaces para la reducción de los efectos del cambio climático (Objetivo nº13, “Acción por el clima”). En el ámbito de la enseñanza, los ODS han ido ganando protagonismo en los proyectos educativos en los últimos años (Granados & Medir, 2022; Morote & Moreno-Vera, 2022). Autores como González-Gaudiano et al. (2020), Méndez et al. (2020) y Rudd (2021) llevan años explicando y demostrando la importancia de la Enseñanza-Aprendizaje (E-A) sobre el cambio climático, no sólo en los más jóvenes, sino también en la población en general. Es algo que se ha trabajado tanto en España, como en el ámbito internacional (Canaza et al., 2021; Eilam, 2022; Opuni-Frimpong et al., 2022; Puttick et al., 2022; Rudd, 2021; Sezen-Barrie & Marbach-Ad, 2021; Zhong et al., 2021).
II. Objetivos, fuentes y metodología
El objetivo de este artículo es llevar a cabo una revisión de los efectos ya constatados del cambio climático en la región mediterránea, así como las medidas de adaptación y mitigación a corto-medio plazo para hacer frente al calentamiento global: 1) la adaptación de los espacios urbanos (escala local); y 2) la mejora de la enseñanza sobre este fenómeno.
El presente artículo aborda la importancia de los ODS y, en particular, el Objetivo nº 13 sobre cambio climático y la necesidad de su enseñanza en los niveles educativos no universitarios (caso español) para conseguir un conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía que conciencie sobre la obligación de su cumplimiento. Para ello, ha sido necesario llevar a cabo una labor de consulta detallada de trabajos científicos (artículos, monografías) e informes oficiales sobre estas cuestiones. A partir de ello se ha realizado una revisión crítica, destacando los aspectos de enfoque más novedosos en los mismos.
En primer lugar, se han revisado diferentes trabajos sobre los efectos ya constatados del cambio climático en la región mediterránea. En segundo lugar, se ha revisado la Agenda 2030, en concreto el ODS nº13 (“Acción por el clima”) (Organização das Nações Unidas [ONU], 2015), para comprobar la componente territorial y la importancia de la disciplina geográfica para su estudio y enseñanza. Finalmente, para realizar la propuesta de impulsar la enseñanza de los ODS en los niveles educativos no universitarios de España, se ha consultado la Ley 7/2021, de 20 de mayo de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC, 2021-2030) y el nuevo currículo (Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato) aprobados en 2022 tras la LOMLOE (2020).
III. Cambio climático, un proceso atmosférico con efectos ya constatados en el territorio
1. Las evidencias en la región mediterránea
La relación entre el incremento de la presencia de gases de efecto invernadero en la troposfera terrestre y el aumento progresivo de la temperatura del aire es innegable (Choulga et al., 2021). Se sustenta en el hecho de que estos gases de origen antrópico están modificando el balance energético del planeta, que es la pieza clave del funcionamiento del sistema climático terrestre (Krauss, 2021) (fig. 1). Esta situación, lejos de estabilizarse o mejorar, sigue empeorando, ya que el consumo de combustibles fósiles se mantiene al alza, pese a los protocolos internacionales (Kyoto, París) y, en consonancia, la proporción de CO2 en la atmósfera terrestre no deja de aumentar (Butler & Montzka, 2020).
Fig. 1 La realidad del proceso de calentamiento climático actual (2022): más emisiones por mayor consumo de combustibles fósiles. Figura de color disponible en línea. Fuente: BP (2021); NOAA (2022)
La COP 27, celebrada en Egipto en noviembre de 2022, no ha conseguido alcanzar un acuerdo para limitar las emisiones de CO2 a escala planetaria. De manera que el objetivo de alcanzar tan solo una subida de la temperatura mundial de 1,5º C o 2ºC como máximo a finales del presente siglo, está cada vez más comprometido. Tan solo se ha alcanzado el acuerdo de dotar económicamente el Fondo de Compensación Climática establecido en el Acuerdo de París (2015), por parte de los paises desarrollados, aunque sin detallar plazos y procedimiento de obtención de los 100 000 millones de dólares anuales previstos.
La solución principal para esta cuestión es evidente, a saber: disminuir la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero ello implica un cambio importante, sustancial, en numerosos países y regiones en el modelo de abastecimiento energético para el desarrollo de las actividades económicas, para el funcionamiento de las áreas urbanas y para la movilidad, que no es posible asumir a corto plazo o es directamente rechazado por algunos de ellos (Patel et al., 2018). Es una cuestión fundamental en el funcionamiento de la nueva era denominada Antropoceno (Crutzen & Stoermer, 2000) que, cuestiones de datación geológica al margen, justifica su denominación precisamente por el impacto creciente de la presencia humana en el planeta y que tiene una fase acelerada desde mediados del siglo XIX, con el empleo mayoritario de combustibles fósiles para el abastecimiento energético y la movilidad de las sociedades contemporáneas.
La región mediterránea es un escenario clave del proceso actual de cambio climático a escala planetaria. Los acelerados cambios ambientales y sociales que se viven desde mediados del siglo XX en la ribera de este mar convierten la cuenca del Mediterráneo en un ámbito geográfico altamente vulnerable ante los efectos del calentamiento global. El Mediterráneo es una región-riesgo (Calvo, 2001), un espacio geográfico que conoce desde la Antigüedad (civilizaciones egipcia, griega y romana) los efectos de eventos naturales de rango extraordinario (Braudel, 1998), puesto que en los territorios que orlan esta cuenca marina confluyen una elevada peligrosidad natural y un alto grado de ocupación humana que ha implantado actividades, infraestructuras y núcleos urbanos en áreas poco aptas (Pérez-Morales et al., 2022).
Ello ha elevado la exposición a los peligros naturales de manera importante, convirtiendo la región mediterránea en un laboratorio privilegiado de los procesos de riesgo, que requiere de actuaciones de adaptación para reducir los efectos actuales y previstos de los eventos extremos en el contexto de cambio climático (Pérez-Morales et al., 2022). Estas tierras han vivido momentos históricos de crisis (climáticas, geológicas, políticas, socio-económicas) y han sabido sobreponerse. Es lo que Norwich (2008) califica como el “milagro” del Mediterráneo que lo hace “único” en nuestro planeta: esa capacidad de sus gentes para convivir en un medio difícil dando lugar a civilizaciones diversas cuya impronta se manifiesta en la actualidad. Preocupa ahora este episodio ambiental complejo (calentamiento atmosférico) por los efectos desfavorables que está teniendo en sus territorios y sociedades. El cambio climático está adquiriendo aquí, además, unos rasgos propios que permiten hablar de una “mediterraneización” de esta coyuntura climática actual, debido al propio calentamiento del mar Mediterráneo, que está alterando los procesos atmosféricos (Pastor et al., 2020).
Hay una serie de procesos atmosféricos relacionados con los elementos climáticos principales (temperaturas, precipitaciones, vientos) que manifiestan ya los efectos del calentamiento climático en la región mediterránea (Cramer et al., 2018; Muñoz et al., 2020; Olcina & Biener, 2019; Olcina & Moltó, 2019). En primer lugar, cambios en las precipitaciones: 1) disminución general de cuantía, aunque con matices regionales; 2) cambios en la estacionalidad con lluvias menos abundantes en primavera y más abundantes en otoño; y 3) intensificación horaria de las lluvias, lo que convierte a estas precipitaciones en lluvias que generan daños allá donde acontecen, como se está observando en los últimos años (Luis et al., 2010; Miró-Pérez & Estrela, 2019; Olcina, 2017; Serrano, 2017).
En segundo lugar, cambios en las temperaturas: 1) subida de la temperatura media (Miró-Pérez, 2014; Miró-Pérez et al., 2016), siguiendo el proceso que se experimenta en el conjunto del planeta; y 2) un aumento notable de las “noches tropicales” (noches con más de 20ºC) que se han multiplicado por cuatro o cinco, según localidades, desde 1980 hasta la actualidad. Esto supone una pérdida de “confort térmico” especialmente durante los meses de verano (Olcina et al., 2019).
Y, en tercer lugar, un incremento en la frecuencia de desarrollo de eventos atmosféricos de raigambre extrema: lluvias torrenciales, temporales de viento y oleaje en la línea de costa, olas de calor, tormentas de granizo y sequías más cortas en su duración, pero más intensas (Muñoz et al., 2020). Este último aspecto tiene un impacto más directo sobre la vida de las personas y tiene un coste económico inmediato. Asimismo, supone el problema principal para las próximas décadas si se incrementa la frecuencia de desarrollo de los mismos como indican los modelos climáticos (Agencia Estatal de Meteorología [AEMET], 2021).
2. La adaptación al cambio climático. Acción prioritaria del ODS nº 13
2.2.1. Territorio, ODS y cambio climático
El territorio es un elemento principal para el desarrollo de actuaciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático y es fundamental, en sentido amplio, para el cumplimiento de la mayor parte de los ODS. Cambio climático y ODS tienen un evidente componente territorial. La causa última del actual proceso de calentamiento climático está, como se ha señalado, en la presencia de gases de efecto invernadero originados por la quema de combustibles fósiles por parte del ser humano. Por su parte, los ODS están pensados directamente para mejorar las relaciones entre el ser humano y la Tierra, que el crecimiento económico, basado en la explotación de recursos han marcado el devenir de los países desarrollados desde mediados del siglo XIX.
Esta Agenda, bajo el eslogan “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue firmada el 25 de septiembre de 2015. Es, hasta el momento, el mayor compromiso internacional alcanzado para la protección del planeta y sus habitantes, y constituye una hoja de ruta con 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores de seguimiento. De los 17 ODS hay nueve directamente relacionados, para el cumplimiento de sus metas, con el territorio, esto es, con acciones que deben desarrollarse en los espacios geográficos para poder alcanzar sus fines. El resto de ODS tienen una finalidad vinculada con la mejora de las relaciones entre los seres humanos, aunque, en realidad, estas conexiones, como se sabe, se producen en los territorios. En suma, el desarrollo sostenible no se puede entender sin el territorio (fig. 2).
Fig. 2 El territorio, componente importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Figura a cores disponível online. Fuente: ONU (2015)
El Objetivo nº 13 (“Acción por el clima”) tiene un componente territorial evidente para el planteamiento de soluciones basadas en la generación de energía “cero emisiones”, en la movilidad sostenible y en la adaptación de los territorios a los efectos del cambio climático. Este último aspecto implica la planificación racional de usos en el suelo, especialmente en áreas urbanas, de manera que se favorezca la reducción de emisiones (ciudad compacta frente a ciudad difusa), la minimización de impactos del aumento de temperaturas y la pérdida de confort térmico, y la atenuación de efectos de eventos atmosféricos extremos en el medio urbano. Este objetivo obliga a actuar a toda la humanidad para conseguir su cumplimiento (horizonte 2030), para convertirse en un gran eje de actuación de políticas públicas y prácticas sociales a lo largo del siglo XXI. Las metas concretas que deben alcanzarse en este ODS nº13 se pueden observar en la tabla I.
De estas metas, parece evidente, que hay dos acciones principales que los países deben culminar en 2030: 1) la necesaria aprobación de leyes y planes (en las escalas de trabajo necesarias) de mitigación y adaptación al cambio climático, con indicación de medidas concretas que deben tener plasmación en el territorio; y 2) la puesta en marcha de programas educativos sobre cambio climático y extremos atmosféricos asociados, en niveles no universitarios o cursos específicos de formación complementaria en niveles educativos universitarios. Y, asimismo, el establecimiento de pautas para la comunicación social del cambio climático, como campañas en medios de comunicación.
2.2.2. La necesidad de una planificación urbana local adaptada al cambio climático
La escala local es un eje de actuación prioritário para la mitigación y adaptación al cambio climático. En las escalas regional y local esto va a suponer cambios notables en los sistemas productivos, de generación y abastecimiento de energía, de diseño urbano, y de comportamiento social. Deberán abordarse actuaciones que afectan a las esferas pública y privada de las sociedades y que debe tener un impulso en las políticas públicas que se desarrollen en las diferentes escalas que constituyen la jerarquía administrativa de una sociedad (fig. 3).
La escala local ha sido fundamental en el proceso de mitigación de los efectos de la pandemia (Covid-19) y lo va a ser en la adaptación al cambio climático. Pandemia y cambio climático han puesto de manifiesto la necesidad de una planificación territorial y urbana más adaptada al ser humano, más ambientalmente sostenible, con recuperación de la calle para los ciudadanos (amplitud de las aceras, frente a la tradicional amplitud de las calzadas), con implantación de sistemas de movilidad sostenible (transporte urbano), con la necesaria ampliación de zonas verdes y calles sombreadas, con nueva ordenación del tráfico y tránsito de peatones, y con un diseño de viviendas con mayor luminosidad y terrazas (López-Valencia & López-Bernal, 2018; Tabernero, 2010).
El nivel de desarrollo económico, cultural e intelectual, de las sociedades va estrechamente unido a la asunción de un grado de riesgo como elemento intrínseco de su funcionamiento. Y también, al grado de preparación ante los efectos derivados de los acontecimientos de rango extremo. Se produce una relación doble, de sentido contrapuesto, entre la peligrosidad potencial y el grado de riesgo de las sociedades, puesto que las más desarrolladas están, teóricamente, mejor preparadas para afrontar las consecuencias de los fenómenos extraordinarios frente a las menos avanzadas; pero el nivel de desarrollo de un grupo humano suele originar, con frecuencia, niveles de riesgo elevados al favorecer comportamientos inadecuados que agravan los efectos de un peligro o, incluso, al generar el propio peligro (Beck, 2002; Burton et al., 1978; Calvo, 2001; Giddens, 2003).
La planificación territorial de los países desarrollados ha incorporado la infraestructura verde territorial como instrumento básico e inicial de todo proceso de planificación. La infraestructura verde debe contar en los procesos de planificación territorial como herramienta cartográfica principal, a partir de la cual se determinan los suelos a conservar y mantener en su estado actual (con sus distintos niveles de protección), y se ordenan los nuevos crecimientos urbanísticos o de infraestructuras y equipamientos que pretenden mejorar el orden de cosas, existente en un espacio geográfico, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social (Olcina et al., 2018).
En diversas regiones y ciudades del mundo comienzan a incorporarse elementos para la gestión del riesgo y del cambio climático en los procesos de planificación territorial a partir del empleo de la infraestructura verde (Lafortezza et al., 2013; Mell, 2007; Olcina, 2022). Los aspectos que de forma específica deben incorporar esta infraestructura en la planificación urbana y territorial para reducir los efectos del calentamiento climático son los siguientes: 1) aumento de temperaturas y pérdida del confort térmico, cuyos efectos pueden mitigarse a partir de medidas de diseño urbano como el aumento de parques públicos, de espacios verdes en viviendas (terrazas y fachadas verdes);
2) subida del nivel del mar en áreas litorales, cuyos efectos deben reducirse con acciones estructurales, en algunos casos, y con planificación territorial (regulación de usos en la línea costera, desocupación de primeras líneas de costa); y 3) cambios en las precipitaciones, con incremento de su intensidad y de su irregularidad, lo que obliga a diseñar espacios para el drenaje de aguas de gran capacidad, así como depósitos de almacenamiento de agua de mayor capacidad que los existentes para garantizar el abastecimiento de las demandas urbanas. Todo ello debe basarse en la elaboración de modelos de comportamiento de los elementos climáticos o ambientales (nivel del mar) rigurosos y que permitan la actualización periódica de las proyecciones de cara a su aplicación en la planificación territorial.
3. Cambio climático y enseñanza. Un factor no estructural llamado a tener un mayor protagonismo
Una de las medidas de lucha contra el cambio climático, tradicionalmente olvidada, es la enseñanza de este fenómeno (Morote & Olcina, 2022). En esta materia, cabe destacar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y transición energética en la que, por vez primera, se dedica un apartado a la importancia de la educación de este fenómeno. Los aspectos vinculados con la educación se recogen en el Título VIII, concretamente en el Artículo 35 (“Educación y capacitación frente al cambio climático”) (tabla II). Como se puede observar, destaca la información relacionada con el incremento de la resiliencia de la sociedad, desde la formación de la población, y la revisión del currículo escolar.
Tabla II Artículo 35 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y transición energética.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2022a)
Estas medidas (resiliencia y educación), también han sido recogidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC), concretamente, en el apartado 7, punto 7.17 “Educación y Sociedad” (ver tabla III). Como se puede observar, las medidas tienen que ver con el logro de una mayor capacitación de los escolares (educación formal), la mejora del acceso a la comunicación del cambio climático a la población y mejorar la formación laboral de los sectores afectados por el calentamiento global.
Tabla III Información que se inserta en el PNACC (2021-2030) sobre “Educación y Sociedad”.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2022a)
En cuanto al ámbito escolar, la reciente reforma estructural y curricular de los niveles de enseñanza no universitaria (LOMLOE, 2020; ver Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática [MPRCMP], 2022b), y los decretos educativos vigentes señalan que el cambio climático es un contenido que se debe enseñar en la Educación Primaria (Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo [MPRCMP, 2022b]), Educación Secundaria (Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo [MPRCMP, 2022b]) y Bachillerato (Real Decreto 243/2022, de 5 de abril [MPRCMP, 2022d]). Como se puede observar en la tabla IV, el cambio climático y los ODS son un contenido trasversal que se debe enseñar en estas etapas, desde las materias de Geografía e Historia, hasta las de Economía o Educación en Valores Cívicos y Éticos. Cabe destacar que aparecen términos asociados al cambio climático y la sostenibilidad, como son la conciencia ecosocial, adaptación, mitigación, resiliencia, emergencia climática, crisis climática, desarrollo sostenible o economía circular. Se trata de conceptos y procesos necesarios para la convivencia del ser humano en el presente siglo que va a estar presidido, como se ha señalado, por el proceso de calentamiento térmico planetario de causa antrópica.
Tabla IV El cambio climático y los ODS en el currículum actual.
Nota: se han recogido los “saberes básicos” (contenidos) directamente relacionados con el “cambio climático”, la denominada “emergencia climática” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha marcado en negrita las palabras clave para que sea más fácil la lectura a la audiência. Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2022b, 2022c, 2022d)
IV. Discusión
En este artículo se han mostrado los efectos principales del cambio climático, un proceso global con manifestaciones evidentes en algunas regiones planetarias como la mediterránea. El territorio es un elemento principal para la aplicación de las medidas de mitigación, y especialmente, de adaptación al cambio climático. Sin embargo, el mundo capitalista no acepta bien el cambio del sistema de aprovechamiento de recursos naturales y energéticos desarrollado durante decenios, que ha permitido, en su ideario, los niveles de crecimiento y bienestar actuales (Stern, 2007). En este contexto Villavicencio (2021) explica que el capitalismo tiene un mantra:
(...) El mercado lo soluciona todo y encuentra en cualquier pretexto, incluso ante un proceso de consecuencias negativas para la Humanidad como el calentamiento climático actual, una oportunidad de expansión y reproducción sistémica. Para el sistema económico del capitalismo liberal solo el mercado, con la aplicación de mecanismos adecuados es capaz de resolver los graves problemas ambientales, y entre ellos el calentamiento global que vive la humanidad en la actualidad. En definitiva, la solución pasa por neoliberalizar la naturaleza. (Villavicencio, 2021, p. 39)
Malm (2020) ahonda en este discurso, y señala que la naturaleza es un sustrato subordinado bajo una lógica puramente cuantitativa. En este sentido, los combustibles fósiles son un subproducto químico inevitable ya integrado al metabolismo de la producción y el consumo humanos (Malm, 2020). Recordando a Gramsci en su teoría de la ideología y la cuestión de las clases subalternas resignadas a su destino de explotación, Malm (2020) indica que la falta de respuesta contundente al problema climático por parte de las economías mundiales de espíritu capitalista (incluida China) encuentra su explicación, en el hecho de que a medida que se incrementan los niveles de vida y la riqueza, con mayor fuerza se consolida la “estructura de reificación” en la conciencia de las personas; de este modo, el sistema económico capitalista desarrolla sus mecanismos para no tener que cambiar las estructuras que lo han convertido en el sistema que explica el crecimiento económico mundial contemporáneo.
El cambio climático actual es una etapa histórica más en el proceso de convivencia de las sociedades mediterráneas con su medio natural (Viñas, 2022). Pero es seguramente su etapa más compleja, más incierta, más exigente, en el marco de una economía con capacidad para adaptarse, pero poco proclive a cambios que alteren el nivel de riqueza alcanzado. La adaptación es necesaria para reducir los efectos del cambio climático actual, que implica cambios profundos económicos y territoriales en los próximos años (Romero & Olcina, 2021).
Los resultados de la última Conferencia de las Partes (COP 27), celebrada en Sharm el Sheikh (Egipto, noviembre 2022) no dejan lugar a la esperanza de poder alcanzar un acuerdo real y efectivo para la reducción de emisiones por parte de todos los países del mundo. Además está comprobado que, dado el nivel actual de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre y el forzamiento inducido por éstos en el balance energético planetario, la alteración en los elementos climáticos y en la circulación atmosférica duraría varias décadas aunque los países del mundo dejaran ya de emitir estos gases (IPCC, 2022). Mitigación y adaptación deben complementarse en el conjunto de políticas públicas contra el cambio climático. Aunque desde la ecología política, se cuestionan las acciones de adaptación porque suponen el mantenimiento del capitalismo que no sitúa a la naturaleza como eje principal de políticas y, por tanto, no serían una solución real a la crisis climática actual (Mussetta, 2020).
La tabla V resume una serie de propuestas de actuación contra el cambio climático actual que se deberían desarrollar según la escala administrativa y los sectores económicos afectados. Dos son los grandes ejes de políticas y acciones que van a marcar las próximas décadas en relación con la lucha contra el cambio climático: 1) la transformación radical que debe experimentar el sistema de abastecimiento de energía en todo el mundo (World Economic Forum, 2021); y 2) la adaptación de los territorios (y la sociedad) a los efectos previstos a corto y medio plazo, lo que supone una apuesta por la sostenibilidad ambiental como principio de actuación principal a la hora de planificar nuevos usos del suelo.
Tabla V Acciones para una reducción efectiva de las consecuencias del calentamiento climático actual, según escalas de trabajo y sectores económicos.
A corto plazo, la respuesta a la primera cuestión es poco asumible a nivel mundial, incluso en los países económicamente más avanzados y con mayor potencial tecnológico, porque no hay un repuesto efectivo para abastecer la demanda de energía que se satisface con combustibles fósiles (80% en 2021). Este aspecto ha abierto un interesante debate sobre las posibilidades de la tecnología y de la geoingeniería para la mitigación del cambio climático (Gates, 2020) con propuestas basadas en el uso del hidrógeno como combustible para los transportes, la ampliación de cuota de la energía nuclear en la producción energética mundial o la mayor promoción de las energías verdes (hidráulica, eólica y solar), si bien la velocidad de implantación de estas soluciones - no aceptadas por todos los colectivos sociales - plantea dudas razonables sobre su capacidad de solucionar a corto y medio plazo la tendencia actual de calentamiento climático (Friedman, 2018).
Por su parte, la materialización al segundo gran eje de políticas para las próximas décadas (la adaptación de los territorios) debe impulsarse de forma más decidida para que los efectos socio-económicos del cambio climático se minimicen hasta niveles asumibles por las economías de los países menos avanzados. No es este segundo eje - adaptación - una política plenamente aceptada por todos los colectivos (Morote & Olcina, 2022). Desde posiciones eco-socialistas y culturalistas se señala que la adaptación es una manera de ocultación del problema del calentamiento climático, una forma de no atajar la causa directa (emisiones) (Musseta, 2020).
En este contexto, algunas metas incluidas en los ODS pueden resultar contradictorias. Es el caso del nº 8 (“Trabajo decente y Crecimiento económico”), cuya meta 8.1 establece el mantenimiento del crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados, en la presente década 2020-2030. Es un aspecto que sólo se entiende si este crecimiento está animado desde un proceso de desarrollo sostenible, para que pueda integrar las metas señaladas del Objetivo nº 13 en lo que respecta a la necesidad de cambio del modelo energético y la adaptación de las actividades económicas y de territorios al cambio climático.
Entre las medidas a desarrollar para una correcta adaptación a los efectos del calentamiento global, la educación es un instrumento fundamental. Es un elemento de generación de conciencia social a través de mensajes ciertos sobre esta cuestión, que deben estar siempre amparados en la investigación científica. Es una herramienta muy eficaz para la puesta en marcha de actuaciones individuales y colectivas de mitigación y adaptación a este fenómeno. Pero como medio de difusión de ciencia y cultura, requiere de una programación minuciosa y prolongada en el tiempo (años de formación educativa) que no tiene resultados sino a medio y largo plazo. De ahí que, pese a su reconocimiento por organismos y administraciones en todas las escalas de trabajo (internacional a local), no encuentra un desarrollo de acciones concretas acorde con su importancia social (Morote & Olcina, 2022).
Al respecto, el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad - PAEAS, 2021-2025 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022b) establece como uno de sus objetivos específicos la inclusión y mejora de la enseñanza de los temas sobre la sostenibilidad en el currículum escolar actual y el incremento de la oferta formativa en materias sobre esta temática. Sin embargo, Morote y Olcina (2020) ya indicaron en su momento que estos contenidos ya se deberían trabajar en la etapa escolar como recoge la normativa vigente (LOMLOE) y pasada (LOMCE). Por tanto, la solución no sería tanto el incremento de la oferta formativa (creación de asignaturas específicas, etc.), sino mejorar la formación del profesorado sobre esta temática y su concreción, al igual que las herramientas empleadas en la educación (Morote & Olcina, 2022).
V. Conclusiones
El proceso de cambio climático actual es el problema ambiental más importante para la Humanidad en este siglo. El cambio climático, como hipótesis de investigación, ha dejado de ser un tema de creencias para ser una cuestión de evidencias, basada en los datos científicos. Por ello, es esencial el desarrollo de políticas públicas y acciones privadas para la reducción de sus efectos. Es una oportunidad de cambio social, económico, y de forma de entender las relaciones con el medio; un proceso complejo, de elección y renuncias, pero esencial para el mantenimiento de una estancia racional en nuestro planeta.
La realidad es que el calentamiento climático sigue su curso, con mayores emisiones de gases de efecto invernadero cada año, y sin una senda clara de solución, a pesar de los acuerdos internacionales que se firman pero que no terminan de cumplirse. Por ello, el cumplimiento de los ODS, y, en particular, del Objetivo nº 13, que va a condicionar a todos los demás, presenta muchas dudas a la vista de la evolución del consumo de los combustibles fósiles y el incremento constante de emisiones de gases de efecto invernadero antrópico a la atmósfera terrestre. De manera que las acciones de mitigación se desarrollan con retraso frente a la urgencia de su aplicación.
Dos ejes de actuación a corto plazo van a marcar las políticas y prácticas para hacer frente al cambio climático: 1) la elaboración de planes locales de adaptación; y 2) la mejora de la enseñanza sobre este fenómeno en los niveles educativos no universitarios. Como explican Morote y Olcina (2022) la enseñanza del cambio climático (en todos los niveles educativos) y de la sociedad en general, requiere una atención mayor para que sea una herramienta efectiva de adaptación y mitigación. La enseñanza de los ODS y de la Agenda 2030 en el ámbito educativo debería permitir utilizar estas consecuencias territoriales de carácter negativo para enseñar conceptos concretos de Geografía a través de ejemplos específicos. Además, según Corrales y Garrido (2021) la introducción de los ODS en la educación permite una estrecha vinculación entre los contenidos geográficos y los problemas socialmente-relevantes en la actualidad. Esta es una de las principales metas del desarrollo del pensamiento geográfico en el aula, es decir, no transmitir de manera aislada los hechos geográficos, sino conectarlos entre sí, comprendiendo las causas y consecuencias de los mismos, así como su evolución en el tiempo.
A la vista del ritmo actual de implementación de los ODS, en 2030 no se habrán podido cumplir todos las metas y fines que persigue la ONU. Se trata de retos que suponen un cambio cultural en muchas sociedades del mundo y precisan de presupuesto económico y planificación a medio plazo para desarrollarlos. Sea cual sea la evolución futura del compromiso internacional por el desarrollo sostenible, la ciudadanía, desde la educación, debe impulsar el mantenimiento de objetivos de sostenibilidad territorial a lo largo de todo el siglo XXI, como eje de actuación política y acciones individuales en todas las escalas de trabajo.
Contribuciones de los autores
Jorge Olcina: Conceptualización; Metodología; Análisis formal; Investigación; Escritura - originalpreparación del borrador; Redacción - revisión y edición; Visualización; Supervisión. Álvaro-Francisco Morote: Conceptualización; Metodología; Análisis formal; Investigación; Escritura - original preparación del borrador; Redacción - revisión y edición; Visualización; Supervisión.
